Conciliación Ejecuciones Hipotecarias

NOTARIOS
 
El artículo 103 bis en la Ley Hipotecaria, reconoce a los Notarios la competencia para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.
Al amparo de dicha normativa se ha implementado una quinta línea de acción del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria en virtud de la cual los Notarios de Castilla-La Mancha puedan desarrollar labores de conciliación entre una entidad financiera acreedora y su cliente, posible ejecutado hipotecario y propietario de una vivienda habitual en el territorio de esta Comunidad Autónoma, de manera que a través de dicha labor se pueda alcanzar un acuerdo que evite el proceso de ejecución hipotecaria, y en todo caso que éste pudiera concluir con la pérdida de la vivienda habitual.
La conciliación será desempeñada por los Notarios en cuyo distrito radique el inmueble destinado a vivienda habitual que pueda ser objeto de ejecución hipotecaria y deberán realizarse con carácter previo al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria no siendo posible recurrir a las mismas en aquellos casos en los que el ciudadano ya se encuentre incurso en un procedimiento judicial.
Asimismo, dichas labores de conciliación no podrán simultanearse con de intermediación desarrolladas al amparo de la Línea 4 del Programa por los Letrados del correspondiente Colegio de Abogados, debiendo los ciudadanos solicitantes del servicio elegir la línea de actuación que estimen preferente.
En aquellos supuestos en los que el resultado de la conciliación deba formularse en documento público  el mismo será redactado bajo la dirección y tutela del Notario que realice la conciliación y sometido a la expresa aceptación y suscripción por las partes conciliadas.
Los gastos que devengue la emisión del citado documento público, cuando esté sometido a arancel, serán asumidos por el ciudadano demandante del servicio de conformidad con la normativa vigente.
 

REGISTRADORES
 
El artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria otorga competencia a los Registradores de la Propiedad para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística o mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia,siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. .
Al amparo de dicha normativa se ha implementado una quinta línea de acción del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria en virtud de la cual los Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha puedan desarrollar labores de conciliación entre una entidad financiera acreedora y su cliente, posible ejecutado hipotecario y propietario de una vivienda habitual en el territorio de esta Comunidad Autónoma, de manera que a través de dicha labor se pueda alcanzar un acuerdo que evite el proceso de ejecución hipotecaria, y en todo caso que éste pudiera concluir con la pérdida de la vivienda habitual.
Las labores de conciliación citadas serán desempeñadas por los Registradores en cuyo distrito radique el inmueble destinado a vivienda habitual, que pueda ser objeto de ejecución y deberán realizarse con carácter previo al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria no siendo posible recurrir a las mismas en aquellos casos en los que el ciudadano ya se encuentre incurso en un procedimiento judicial.
Asimismo, las labores de conciliación no podrán simultanearse con las de intermediación desarrolladas al amparo de la Línea 4 del Programa por los Letrados del correspondiente Colegio de Abogados debiendo los ciudadanos solicitantes del servicio elegir la línea de actuación que estimen preferente.
En aquellos supuestos en los que el resultado de la conciliación deba formularse en documento público sujeto a arancel, los gastos correspondientes serán asumidos por el ciudadano demandante del servicio de conformidad con la normativa vigente.